Una Revelación Judicial que Estremece los Cimientos de la Propiedad Territorial

Lo que comenzó como un proceso judicial aparentemente local por un delito de usurpación en la provincia de Río Negro, derivó en una confesión inesperada que ha encendido las alarmas sobre uno de los temas más delicados y estratégicos para la nación: la venta de tierras patagónicas a intereses foráneos.

El Testimonio Explosivo del Intermediario

En el centro de la controversia se encuentra la figura de Hugo Alberto Barabucci, un empresario originario de Santa Fe con conocidos vínculos en el mundo del polo y con actividades laborales en Medio Oriente. Fue en el marco de un juicio donde este hombre realizó una declaración que ha cambiado por completo la naturaleza del caso.

Barabucci reconoció, ante la justicia, haber sido el instrumento para una adquisición de magnitud. Admitió haber comprado entre 14.000 y 20.000 hectáreas en la región del Alto Río Chubut, a escasos 45 kilómetros del límite internacional. La particularidad, y el núcleo del escándalo, radica en el origen del capital utilizado.

El dinero, según su propia versión, provino de una "donación" otorgada por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Una suma cercana a los dos millones de dólares estadounidenses que fluyó para concretar esta transacción inmobiliaria.

Un Territorio de Valor Incalculable y Protegido por Ley

Las tierras objeto de esta operación no son un campo cualquiera. Se trata de un predio de características excepcionales y sensibles:

• Ubicación estratégica: Se encuentra dentro de la zona de seguridad de frontera, donde la Ley Nacional de Tierras 26.737 establece restricciones severas, e incluso prohibiciones, para la adquisición por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
• Riqueza natural crítica: El área incluye nacientes de agua, cursos hídricos vitales, y sectores de bosque nativo, constituyendo un ecosistema ambientalmente frágil y de importancia capital para la región.
• Valoración cuestionada: La operación se cerró a un precio aproximado de cien dólares por hectárea, una cifra considerada ínfima para un activo con tales recursos, lo que ha generado sospechas sobre las condiciones reales de la negociación.